Gobierno contempla posibilidad de extender beneficios del Seguro de Cesantía por hasta cinco meses más

Un paso más dio este martes la tramitación de las modificaciones al acceso del Seguro de Cesantía que ingresó hace más de una mes el Gobierno, con el propósito de  asegurar que los trabajadores obtengan el 55% del promedio de su remuneración en el caso de ser despedidos, suspendidos o haber visto reducidas sus jornadas laborales durante la crisis sanitaria.

Dos fueron las indicaciones que ingresó hace algunas horas el Ejecutivo a su propuesta original que, en concreto, busca mejorar las condiciones de acceso a los Fondos de Cesantía. 

La primera facilita aun más el acceso al beneficio al eliminar la exigencia de la dictación de un decreto supremo para que los trabajadores puedan percibir el quinto giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario según el porcentaje que establece la propuesta del Ejecutivo.

La segunda otorga la facultad de que el Gobierno pueda extender por un máximo de hasta cinco meses las modificaciones realizadas a la Ley de Protección al Empleo y al Seguro de Cesantía en el contexto de la pandemia del Covid-19. 

Lo que se contempla es que el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Ministerio del Trabajo puedan definir durante los siguientes tres meses si las condiciones sanitarias junto a las del mercado laboral del país ameritan que la flexibilización para el acceso al Seguro de Cesantúa se extiendan regional o nacionalmente.

En el caso de la suspensión, el plazo máximo de extensión serían 5 meses a partir del 1 de noviembre (actualmente la vigencia termina el 31 de octubre).

En tanto para la reducción de la jornada, el proyecto lo extiende desde febrero de 2021 a julio del mismo año.

Aun cuando las indicaciones fueron aprobadas por los integrantes de la comisión, para el senador PS y miembro de la instancia, Carlos Montes, la respuesta del Gobierno no ha sido suficiente: "Si bien las indicaciones buscaban mejorar beneficios y ampliarlos. Estamos preocupados por mucha gente que no tiene protección social efectiva”.

Hasta el 19 de julio, las empresas que han solicitado acogerse a la Ley de Protección del Empleo sumaban 112.117. De ellas 81.178 llegaron a un pacto de suspensión, mientras que 41.700 responden a un acto de autoridad. 

Hasta esa fecha, los trabajadores autorizados acogidos a la ley y cuyos contratos se han suspendido suman 693.139.

Preliminarmente se espera que la Sala de la Cámara Alta coloque en tabla la votación del proyecto del para mañana.